EL COMBATE A LAS DROGAS EN NUESTRA AMÉRICA ¿SEGURIDAD COMO ESPECTÁCULO O SEGURIDAD COMO PROYECTO DE NACIÓN?

EL COMBATE A LAS DROGAS EN NUESTRA AMÉRICA

¿SEGURIDAD COMO ESPECTÁCULO O SEGURIDAD COMO PROYECTO DE NACIÓN?

Con el Dr. Efrain Medrano

Analista Político

Hay algo que no cuadra en el relato dominante sobre la lucha contra las drogas en América Latina.

Nos han repetido durante décadas que el narcotráfico es una fuerza inevitable, una especie de fenómeno natural que corrompe todo lo que toca y frente al cual solo queda responder con más fuerza, más cárceles, más soldados en las calles y más estados de excepción.

Pero cuando uno se sienta a mirar el mapa sin prejuicios, aparecen las grietas del discurso.

Porque el mismo corredor por donde circula la droga que va hacia el norte atraviesa países con realidades de seguridad completamente distintas.

Y ahí comienza la incomodidad.

Mientras algunas naciones convirtieron la seguridad en una guerra interna permanente —con tasas de encarcelamiento que hoy están entre las más altas del mundo y con sistemas penitenciarios convertidos en el eje del modelo— hay otra experiencia que casi no aparece en los grandes medios: Nicaragua.

Un país pequeño, empobrecido, ubicado en el corazón del tránsito regional de estupefacientes… y que durante años ha mantenido una de las tasas de homicidio más bajas de Centroamérica.

No es propaganda.

Es un dato verificable.

Entonces la pregunta deja de ser ideológica y pasa a ser estructural:

¿qué modelo de Estado hay detrás de esos resultados?

Porque aquí no estamos hablando solo de policía.

Estamos hablando de proyecto de nación.

En los países donde el combate a las drogas se convirtió en sinónimo de militarización, el Estado llega al territorio cuando el problema ya explotó. Llega con fusiles, con operativos masivos, con capturas televisadas. La seguridad se vuelve un acto performático: hay que mostrar control, aunque ese control dependa de llenar cárceles.

Y esas cárceles —cada vez más grandes (CECOT), cada vez más deshumanizadas— terminan siendo presentadas como el símbolo del orden recuperado.

Pero nadie hace la pregunta esencial:

¿qué pasa con el barrio del que salieron esos miles de jóvenes?

¿quién ocupa ese vacío?

Porque el narcotráfico no es solo un negocio de droga.

Es una economía.

Es una estructura de poder.

Es un sistema de reclutamiento.

Y ese sistema se alimenta de algo que ninguna mega cárcel puede encerrar:

la exclusión social.

Ahí es donde el modelo nicaragüense rompe el libreto.

No porque no combata el narcotráfico —las incautaciones de droga, la vigilancia en fronteras y la desarticulación de redes han sido sostenidas durante años— sino porque el eje de su política de seguridad no está en el castigo, sino en la prevención.

La policía no aparece como fuerza de ocupación.

Aparece como parte de la comunidad.

Y eso cambia todo.

Porque cuando el Estado está presente antes de que llegue la pandilla, el territorio no se pierde.

Cuando el joven tiene acceso a educación, deporte, formación técnica y organización comunitaria, el narco deja de ser la única estructura que ofrece identidad, ingreso y pertenencia.

Programas como **Juventud, Educando para la Vida** no son asistencialismo.

Son política de seguridad en su forma más profunda.

Son la disputa directa por el futuro.

Y aquí es donde el debate regional se vuelve incómodo, porque obliga a reconocer que hay dos modelos en pugna:

Uno que entiende la seguridad como control social a través del miedo.

Otro que la entiende como resultado de la justicia social.

Uno que necesita cárceles cada vez más grandes para sostener su narrativa.

Otro que necesita comunidades cada vez más fuertes.

Uno que actúa cuando el joven ya es considerado enemigo.

Otro que actúa para que ese joven nunca tenga que elegir entre la cárcel o el narco.

Y entonces la discusión deja de ser técnica y se vuelve política.

Porque el modelo de las mega cárceles no es solo una política de seguridad: es una forma de Estado.

Un Estado que administra poblaciones sobrantes.

Un Estado que convierte la pobreza en delito.

Un Estado que mide su éxito por la cantidad de cuerpos encerrados.

Y eso, aunque se disfrace de modernidad o de eficiencia, tiene nombre en la historia de Nuestra América.

Lo hemos visto antes.

Lo vimos en las doctrinas de seguridad nacional.

Lo vimos en las guerras internas que desangraron al continente.

Lo vimos en los territorios donde el enemigo era el propio pueblo.

Por eso el caso de Nicaragua no incomoda por sus cifras.

Incomoda por lo que demuestra:

que la seguridad no depende únicamente de la fuerza.

Depende del modelo social.

Depende de si el Estado decide construir ciudadanía o administrar exclusión.

Depende de si la juventud es vista como amenaza o como sujeto histórico.

Y aquí es donde este artículo deja de ser análisis y se convierte en una toma de posición.

Porque mientras algunos gobiernos exportan el modelo de la cárcel como espectáculo —aplaudido por las élites que siempre han vivido lejos de los barrios— hay pueblos que están apostando por algo mucho más difícil y mucho más profundo: evitar que la violencia nazca.

No es un debate policial.

Es un debate civilizatorio.

¿Queremos sociedades pacificadas por el encierro masivo?

¿O sociedades seguras porque nadie necesita entrar en la economía del crimen para existir?

¿Queremos Estados que gobiernen con miedo?

¿O Estados que construyan comunidad?

Y la pregunta final —la que dejamos abierta para quienes leen y piensan con nosotros en este espacio— es la más incómoda de todas:

Si en el mismo corredor del narcotráfico hay un país que demuestra que la prevención social, la organización comunitaria y la presencia territorial del Estado reducen la violencia…

¿por qué ese modelo no se discute en los grandes foros internacionales?

¿por qué no se estudia en las academias de seguridad?

¿por qué no se propone como ruta para la región?

Tal vez porque no convierte el dolor en espectáculo.

Tal vez porque no genera negocios multimillonarios en la industria penitenciaria.

O tal vez porque demuestra algo que el sistema no puede permitir que se vuelva sentido común:

que la verdadera guerra contra las drogas no se gana con cárceles.

Se gana con dignidad.

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CIERRE EDITORIAL – LIMPIANDO LA CLOACA