LIMPIANDO LA CLOACA

Con el Dr. Efraín Medrano

🚨 EL MISMO FRAUDE QUE SE INTENTO EN 2022, PERO HOY MAS REFINADO "ELIMINAN TRASABILIDAD PARA BORRAR RASTRO...

LA TRAZABILIDAD ELECTORAL BAJO ATAQUE: LAS DENUNCIAS QUE SACUDEN LA CONFIANZA EN EL SISTEMA ELECTORAL COLOMBIANO

Hay momentos en la historia de una democracia en los que la discusión deja de girar alrededor de candidatos, partidos o ideologías y se concentra en una pregunta mucho más profunda: ¿pueden los ciudadanos verificar por sí mismos que los resultados electorales reflejan fielmente la voluntad expresada en las urnas?

Esa es precisamente la pregunta que ha puesto sobre la mesa el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral Luis Guillermo Pérez al denunciar lo que considera una degradación progresiva y sistemática de los mecanismos de control ciudadano sobre los formularios E-14 y sobre la trazabilidad digital del proceso electoral colombiano.

Su denuncia no comienza en 2026.

Comienza en 2022.

Y para comprender la gravedad de sus afirmaciones es necesario recordar qué ocurrió durante aquel proceso electoral.

Según Pérez, las elecciones de 2022 demostraron la importancia de la vigilancia ciudadana. Gracias al trabajo de miles de testigos electorales, organizaciones políticas y ciudadanos que revisaron mesa por mesa los formularios E-14, fue posible detectar inconsistencias que terminaron modificando sustancialmente los resultados inicialmente conocidos por el país.

De acuerdo con lo expuesto por el exmagistrado, aproximadamente 820.000 votos correspondientes al Pacto Histórico en Senado y Cámara no aparecieron reflejados adecuadamente en los resultados preliminares y solamente pudieron recuperarse durante el escrutinio gracias a la verificación de los formularios físicos y al trabajo de los testigos electorales.

Para Pérez, aquel episodio dejó una lección fundamental.

La vigilancia ciudadana funciona.

La auditoría independiente funciona.

La revisión de los formularios funciona.

Y precisamente por eso considera preocupante que, después de aquella experiencia, comenzaran a desaparecer las herramientas que permitían ejercer ese control.

Según relata, las alarmas volvieron a encenderse durante la segunda vuelta presidencial de 2022.

Pérez afirma que tres días antes de la elección convocó al registrador nacional, a funcionarios electorales y a los entonces candidatos Gustavo Petro y Francia Márquez para advertir sobre lo que consideraba indicios de una operación destinada a alterar el resultado electoral.

Recuerda además las declaraciones públicas realizadas por el entonces registrador Alexander Vega llamando a Gustavo Petro a respetar los resultados electorales y menciona simulaciones que mostraban a Rodolfo Hernández como ganador en ejercicios realizados dentro de instalaciones vinculadas a la Registraduría.

Desde su perspectiva, la movilización ciudadana y la vigilancia electoral fueron factores determinantes para impedir cualquier irregularidad.

Pero el núcleo de su denuncia no se encuentra en el pasado.

Se encuentra en lo que ocurrió después.

Porque, según sostiene, una vez demostrada la eficacia de la vigilancia ciudadana comenzó un proceso gradual de debilitamiento de los mecanismos que hacían posible esa vigilancia.

La primera señal aparece en la evolución de los formularios E-14.

En 2022 los documentos digitales conservaban elementos de identificación que permitían reconstruir su recorrido técnico.

Cada archivo contaba con un prefijo único.

Era posible identificar claramente la corporación correspondiente.

La mesa electoral podía ser individualizada.

Los metadatos permitían conocer cuándo había sido escaneado el documento.

Era posible identificar información asociada al archivo digital.

Y existían mecanismos que permitían verificar si el documento había sufrido modificaciones posteriores.

En otras palabras, existía trazabilidad.

Existía una huella digital.

Existía la posibilidad de seguir el rastro del documento.

Pero según Pérez, esa situación comenzó a cambiar durante las elecciones regionales de 2023.

El primer cambio fue la eliminación del prefijo único de identificación.

Aunque todavía permanecían algunos elementos de referencia, desaparecieron los metadatos.

Con ello desapareció también la posibilidad de determinar con precisión cuándo había sido generado el archivo digital después del escaneo.

Se redujo la capacidad de reconstruir el historial técnico del documento.

Y comenzó a perderse una parte fundamental de la cadena de custodia digital.

Sin embargo, para el exmagistrado, la modificación más preocupante fue otra.

Por primera vez las firmas de los jurados fueron separadas de los formularios E-14.

Anteriormente, las firmas hacían parte integral del mismo documento electoral.

La autenticidad del formulario y la validación realizada por los jurados permanecían unidas en un único soporte documental.

A partir de 2023, según denuncia, las firmas quedaron separadas.

Pérez sostiene que esta decisión crea una vulnerabilidad significativa porque permite que las firmas existan independientemente del contenido específico del formulario al que originalmente estaban asociadas.

Y desde su perspectiva, toda separación entre autenticación y contenido debilita los mecanismos de control.

Pero la situación, afirma, se agrava todavía más en 2026.

Según su exposición, los formularios utilizados en las elecciones recientes muestran un nivel de opacidad superior al observado en años anteriores.

Desaparece el prefijo único.

Se elimina la identificación específica de las corporaciones.

Los registros se uniforman.

La individualización documental se vuelve más difícil.

Y los metadatos continúan ausentes.

La consecuencia, sostiene, es que los ciudadanos pierden la capacidad de verificar aspectos esenciales de la cadena documental.

Ya no pueden determinar con la misma precisión cuándo fue generado un archivo.

No pueden reconstruir con claridad el proceso técnico que dio origen al documento digital.

Y no disponen de la misma información que existía en 2022 para ejercer una auditoría independiente.

Pérez insiste en que estos cambios no pueden ser considerados simples modificaciones administrativas.

Según afirma, constituyen decisiones que afectan directamente la capacidad de vigilancia ciudadana.

Por ello plantea una pregunta que atraviesa toda su exposición:

¿Por qué se eliminaron precisamente los mecanismos que permitían a la ciudadanía ejercer control sobre los documentos electorales?

¿Por qué desaparecieron herramientas que habían demostrado su utilidad para detectar inconsistencias?

¿Por qué reducir la trazabilidad después de que la vigilancia ciudadana demostró su eficacia?

La denuncia adquiere una dimensión aún más seria cuando Pérez introduce el marco jurídico.

Recuerda que la Ley 1475 de 2011 establece obligaciones específicas para las autoridades electorales.

Según su interpretación, el artículo 41 exige la publicación inmediata de los formularios electorales y garantiza el acceso ciudadano a la información pública bajo principios fundamentales.

Publicidad.

Transparencia.

Máxima divulgación.

Trazabilidad.

Y control ciudadano efectivo.

Desde su perspectiva, la eliminación progresiva de mecanismos de identificación y seguimiento documental contradice esos principios.

Pero además incorpora un elemento adicional.

La Sentencia T-067 de 2025.

Pérez sostiene que esta decisión judicial reconoce la transparencia algorítmica como una expresión del derecho fundamental de acceso a la información.

La sentencia, según explica, establece que los ciudadanos tienen derecho a comprender cómo operan los sistemas tecnológicos utilizados por el Estado.

No basta con conocer los resultados.

También debe ser posible conocer cómo se obtuvo la información.

Cómo fue recolectada.

Cómo fue almacenada.

Cómo fue procesada.

Cómo fueron tratados los datos.

Y cómo se generaron finalmente los resultados.

La transparencia algorítmica, afirma, no se limita al acceso al código fuente.

Implica conocer el funcionamiento integral del sistema.

Implica permitir que la ciudadanía examine y controle las herramientas tecnológicas utilizadas por el Estado.

Implica garantizar la máxima divulgación de la información relevante.

Y precisamente ahí es donde Pérez ubica una de sus principales preocupaciones.

Si la ciudadanía pierde acceso a la trazabilidad documental.

Si desaparecen los metadatos.

Si se reduce la capacidad de seguimiento independiente.

Si se dificulta la reconstrucción de la cadena documental.

Entonces también disminuye la capacidad de vigilancia efectiva sobre el sistema electoral.

Por ello concluye que la verdadera discusión no gira únicamente alrededor de programas informáticos, contratistas o procedimientos administrativos.

La discusión de fondo gira alrededor del derecho de los ciudadanos a verificar por sí mismos la integridad del proceso electoral.

Porque una democracia no se fortalece cuando los ciudadanos son obligados a confiar.

Una democracia se fortalece cuando los ciudadanos tienen herramientas para comprobar.

Y la pregunta que deja planteada esta denuncia sigue sin respuesta:

Si la transparencia fortalece la confianza pública, ¿por qué las herramientas de verificación disponibles para los ciudadanos parecen hoy más limitadas que las que existían en 2022?

Esa es la pregunta que hoy queda sobre la mesa.

Y esa es la cloaca que exige ser limpiada.